Expertos en comunicación estratégica y control de crisis

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Orkatz Orrantia Albizu y Mikel Orrantia Diez. Socios Directores y Consultores

martes, 31 de mayo de 2016

Las grandes agencias de publicidad a la palestra

De momento solo es una investigación del órgano correspondiente, la CNMC, que a través de La Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (Cora) delimitó hace dos años algunos parámetros para optimizar la publicidad de la Administración General del Estado con el argumento de mejorar la eficiencia y ahorrar costes a las arcas públicas. De ahí viene la situación actual, en la que únicamente 5 grandes centrales han podido participar en un concurso por un contrato de más de 88 millones de euros por dos años prorrogables. La información es de ayer lunes en El Mundo. Adjuntamos la noticia completa y que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones.



Competencia investiga a grandes empresas de publicidad españolas por pactar precios

·      Inspecciona la sede de varias compañías ante un posible cártel
·      Examina un contrato de 88 millones de euros por dos años
30/05/2016 08:21

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha detectado un posible engaño al propio Estado por parte de las principales empresas de publicidad españolas, en concreto de sus centrales de medios. Hace semanas que está abierta una investigación para comprobar si cinco grandes firmas dedicadas a la venta de publicidad han pactado precios en la venta de anuncios institucionales.
Según ha podido saber este periódico, el pacto se pudo producir con una campaña de la Administración General del Estado, cuyo concurso tenía unas condiciones que dejaban fuera a la mayoría de centrales y sólo permitían presentarse a las más grandes debido a algunos de los requisitos que se exigían en la licitación.
La investigación ya ha avanzado hasta el punto de que los inspectores de la CNMC han entrado con órdenes de registro en varias de las agencias, de donde se han llevado documentación en papel y soportes informáticos.
Los investigadores cuentan con apoyo judicial para obtener los mandamientos de entrada y registro. Esto les posibilita entrar en las empresas, requisar documentación y copiar archivos informáticos, como han estado haciendo en los últimos 15 días. Ahora queda la fase de analizar lo requisado para comprobar si las sospechas son ciertas. Si bien, la realización de este tipo de inspecciones no prejuzga en ningún caso la existencia de un cártel y está enmarcada únicamente en el trabajo investigador de la CNMC.
Ninguna firma quiere perder a la Administración
La Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (Cora) delimitó hace dos años algunos parámetros para optimizar la publicidad de la Administración General del Estado con el argumento de mejorar la eficiencia y ahorrar costes a las arcas públicas. De ahí viene la situación actual.
Pese a que la competencia había quedado restringida por la Cora, las investigadas también salían perjudicadas, porque las condiciones de este contrato investigado no eran especialmente ventajosas. Por otra parte, ninguna central grande querría perder como cliente a la Administración, así que los investigadores sospechan que pudieron optar por acordar una estrategia común.
La investigación ha detectado que las empresas pudieron reunirse y pactar qué ofertas iban a realizar para una importante campaña de publicidad institucional que después se vería plasmada en periódicos, radios y cadenas de televisión. Sólo la cantidad de este concurso publicitario era de 88 millones de euros -excluido el IVA-, para un período de dos años prorrogables.
Plazos de la investigación
Todavía queda un proceso largo para concluir la investigación. Si se confirman las sospechas, hay seis meses para abrir un expediente sancionador que, a su vez, puede tardar otros 18 meses en resolverse y terminar en una sanción o no. Otro tema sería que se encuentren responsabilidades penales durante la investigación y se decida ampliar y denunciar delitos en la Fiscalía, como ha sucedido en otros casos investigados por el regulador.
También hay que comprobar si fueron las cinco empresas investigadas las que pactaron precios o alguna se negó a hacerlo, por lo que las pesquisas todavía están en su fase más inicial. Fuentes oficiales de la CNMC declinaron hacer comentarios sobre la investigación.
Ya se advirtió al Gobierno en 2014
El caso de las empresas de publicidad lleva ya tiempo encima de la mesa del organismo. El propio regulador ya advirtió al Gobierno, en marzo de 2014, que el pliego de condiciones incluido en el acuerdo marco para licitar la publicidad institucional implicaba un «riesgo de colusión» entre las empresas, al limitar a cinco el número de adjudicatarias y elevar hasta un período «excesivo» de cinco años y medio la duración máxima del contrato.
En este informe, aprobado por el consejo del organismo que preside José María Marín Quemada, Competencia aplaudía que el Estado remodelara sus mecanismos de contratación en busca de una mayor eficiencia y un ahorro de costes para el erario público. No obstante, el regulador hacía varias observaciones sobre los puntos del contrato que, a su juicio, suponían «barreras» al libre mercado e incitaban el nacimiento de cárteles en torno a éste.
Estos puntos se referían, especialmente, a la duración del contrato, los requisitos económicos establecidos a las empresas adjudicatarias y los mecanismos establecidos en la comunicación entre la Administración y las propias empresas.
En primer lugar, la CNMC argumentaba que el plazo de adjudicación del acuerdo, de dos años prorrogable hasta cinco y medio, constituye una «severa barrera de entrada a otros operadores», por lo que proponía su reducción y la eliminación de una posible ampliación.
Por otro lado, el regulador advirtió de que el requisito de ingresos mínimos anuales de 600.000 euros que establecía el contrato para las empresas interesadas en concurrir a la licitación, «podría suponer una barrera excesiva para pequeñas y medianas empresas», en un país en el que el 99% del tejido empresarial está compuesto por pymes.
Por último, Competencia pedía que no se limitara el número de adjudicatarios seleccionados. «El órgano proponente debería valorar si limitar a cinco los licitadores seleccionados puede resultar demasiado restrictivo, teniendo en cuenta un valor estimado del acuerdo marco de 88 millones y un cierre del mercado que podría extenderse hasta los cinco años y medio», destaca el informe. Precisamente, aquí viene la gran advertencia del regulador: «La existencia de un número reducido de licitadores aumentaría las posibilidades de colusión entre los oferentes al resultar más sencillo que éstos alcanzaran cualquier tipo de acuerdo entre ellos».
En el mismo sentido, el informe de la CNMC remitido al Ministerio de Hacienda concluye que «las sesiones informativas» establecidas entre Administración y empresas participantes en el concurso con el fin de exponer y definir de forma más clara los objetivos de la campaña de publicidad institucional son en sí mismas «un factor que puede facilitar la colusión».




http://www.elmundo.es/economia/2016/05/30/574b2c14e5fdea43278b45d4.html